TOMADO DE: Siglo 21 (Web)
Luego de que se hicieron públicos los salarios de los trabajadores del Congreso, bajo el renglón 011, que se benefician con el pacto colectivo de la entidad, varios representantes de sectores de la sociedad civil manifestaron su indignación por la desigualdad en los montos comparado con lo devengado en otras instituciones del Estado y con el mercado laboral.
Entre la planilla dada a conocer por el presidente del Legislativo, Mario Taracena, con los salarios hasta el 16 de diciembre de 2015, se cuentan 1,702 trabajadores contratados en ese rubro, entre los cuales hay salarios base que oscilan entre los Q2,520 y Q76,365 mensuales. La lista de mandos medios y bajos contempla sueldos como el de la contadora general, el director de protocolo y el encargado de bancos, que sobrepasan los Q60 mil al mes. (Lea: Los sueldos más codiciados).
Según información pública consultada por Siglo.21 en el Ejecutivo y algunas municipalidades, se pudo constatar que, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura y Deportes (Micude) un conserje gana un promedio de Q2,900 mensuales y un ujier, en la mayoría de comunas, cobra Q1,700; sin embargo, en el Parlamento hay personas con los mismos puestos que devengan hasta Q30 mil.
Édgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), opinó que los salarios son “privilegios inadmisibles en una sociedad como la nuestra, con un Estado en bancarrota”.
Recordó que dicho sueldo rebasa incluso el de los ministros de Estado, que ganan unos de Q26 mil mensuales. “Una norma de servicio público que regule los salarios sería una alternativa para acabar con la desigualdad salarial”, afirmó.
Abogados constitucionalistas también consideraron que el camino para frenar esta escalada de sueldos y evitar que sobrecargue el presupuesto del Congreso sería plantear una acción de inconstitucionalidad para dejar sin efecto el pacto colectivo.
SON IRRAZONABLES
Gabriel Orellana, experto constitucionalista y quien el 9 de enero pasado accionó contra varios de los artículos que contiene el pacto colectivo del Ministerio de Salud, indicó que dichos salarios y su abismal diferenciación en las distintas instituciones del Estado son “irrazonables y desmedidos”, pues no existe una lógica entre lo que se produce y lo que se gana.
De “desproporción total” calificó los salarios del Congreso para conserjes, Javier Zepeda, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), quien sugirió que en tanto se resuelve el dilema debe haber un proceso de depuración dirigido a empleados y plazas “innecesarias” dentro del Legislativo.
Anabella Morfín, asesora del despacho de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), indicó que la inoperancia o la baja producción del Congreso el año pasado no justifican los altos salarios.
PROPONEN ACCIONES
El abogado Rodolfo Rohrmoser explicó que en este caso no se puede interponer una acción de inconstitucionalidad contra el pacto, pues esa acción solo aplica para leyes, reglamentos y disposiciones de convenios, pero que sí se podría interponer un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se revisen los beneficios que contempla la negociación firmada durante de la gestión de Jorge Méndez Herbruger y los sindicatos, en 2006.
“Las autoridades deberán buscar negociar con los más de 1 mil setecientos empleados que son beneficiados con altos salarios, para solucionar el problema”, aseveró.
Alexander Aizenstatd, vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón), planteó la posibilidad de un juicio laboral a través de un Juzgado de Trabajo, o bien, una denuncia ante el Ministerio Público (MP), pues los salarios “están muy por encima del valor del mercado laboral”.
Del lado de los derechos laborales, Morfín sugirió que la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicite la lesividad del pacto, pues “los intereses personales nunca deben prevalecer sobre los intereses colectivos”. O bien, impugnar el documento.
Para el vicepresidente del Cedecón, es claro que los montos son producto de “tráfico de influencias”, y no descartó que los mismos no lleguen íntegramente a las manos de los trabajadores, sino que un porcentaje sea entregado a algún jefe superior, como sucedió en el caso de las plazas fantasmas descubiertas en el mismo Legislativo, por el cual se procesa al expresidente Pedro Muadi.
En cuanto al perjuicio que esto podría significar para los empleados del Legislativo, Morfín dijo que la acción que sugiere no es para afectarlos, pero que deben entender que “se hizo una distribución (de fondos) arbitraria”.
“Si se presentara una acción ante la CC, quedará en manos de los magistrados analizar detenidamente el documento para hallar un balance entre no ceder ante la corrupción y no vulnerar los derechos laborales de los trabajadores, ya que los salarios no son regresivos”, consideró Aizenstatd.
ANALIZARÁN PACTO
La titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), María Eugenia Villagrán, dijo que no se podían negociar los pactos colectivos si el Estado tenía crisis económica, y no descartó tomar medidas legales si se detecta que los funcionarios no respetaron ley.
Villagrán también explicó que todo pacto debe contar con dictamen de Dirección de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), mismo que hasta ahora se conoce que no lo incluyó. Por ahora, la funcionaria solicitó al Congreso una copia certificada del pacto colectivo en cuestión.
El contralor general Carlos Mencos afirmó que ya se hizo una auditoria de recurso humano del Congreso y se corroboró que los documentos legales se encuentran en regla. “En el caso del pacto colectivo lo que nos corresponde es verificar que todo esté de conformidad con lo que establece a la ley, pero es la PGN la única que puede declarar la lesividad o la nulidad del mismo”.
“A quien no le guste, que no trabaje en el Congreso”
Taracena dice que no se trata de un ataque a los diputados
Luego del furor por la publicación de la nómina del Congreso, Mario Taracena, presidente del Legislativo, afirmó ayer que no se trata de un ataque a los diputados, sino de una acción en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
“A quien no le guste que se publiquen los salarios, que no trabaje en el Congreso, pero es de ley”, afirmó Taracena en referencia a los señalamientos de empleados que, aseguran, se sienten amenazados por las acciones emprendidas por Taracena, de transparentar el tema de las contrataciones del personal.
En relación con los empleados contratados bajo los renglones 022 y 029, el parlamentario dijo que no recibió contratos hasta el 14 de enero y que los anteriores archivos están en poder de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, que realizan una investigación sobre plazas fantasma.
“Suenan pasos de un gran animal”, afirmó Taracena en referencia a los hallazgos que podría tener la pesquisa que realiza la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).
Añadió que de urgencia se gestionará lo que establece la Ley Orgánica del Congreso para cada diputado bajo el renglón 022, que sería un asistente, un ujier (encargado de varias tareas) y una secretaria con salarios de Q10 mil Q4 mil y Q6 mil.
También anunció que la junta directiva removió de su cargo a José Ballesteros, subdirector general, quien tiene a su cargo las contrataciones, pues, según el nuevo presidente “no le tiene confianza”, pues fue impuesto por Luis Rabbé.
Empleados guardan silencio
No opinan sobre salarios
Los empleados del Legislativo, que tiene los sueldos más onerosos, prefirieron no opinar en relación con la publicación de sus salarios, y se limitaron a decir, a través de sus secretarias, que estaban en reuniones.
Únicamente el director de protocolo, Víctor Alburez, afirmó estar de acuerdo en que “es algo que tenía que pasar, como lo establece la ley de acceso a la información. Estamos de acuerdo siempre y cuando se le dé el uso adecuado; esperamos que tomen en cuenta los años laborales del personal en la institución y el 25% de descuento que se hace conforme a la ley”, dijo.
La titular de la Dirección Legislativa, Ana Isabel Antillón, se negó a dar declaraciones sobre ese tema. Al igual que el personal que labora en la Dirección Financiera, entre ellos, la contadora general Hilda Roldán, quien tiene el salario más alto, pues dijeron que trabajan en un informe y no podía atender a los medios de comunicación.
Sindicalistas están divididos
Esperan más transparencia
Alfredo Tumax, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sintracor), vio inapropiada la publicación de la nómina salarial. “No es porque no estemos de acuerdo, sino porque lamentablemente el país vive sumergido en la violencia y queremos resguardar la seguridad de cada empleado”, dijo.
El sindicalista agregó que debe ser la Contraloría la que reciba esta información y dé el uso que se establece en la Ley de Acceso a la Información Pública.
Xiomara Conde, secretaria general de Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo, aplaudió la acción del presidente de ese organismo. “Es algo que hemos venido pidiendo desde el año pasado y no habíamos tenido respuesta. Esperamos que ahora también vayan detrás de las horas extras y se descubra el número de plazas fantasmas que hay”, señaló.
